Desde 2019, la Intervención General de la Junta de Andalucía acumula una inestabilidad en su dirección que evidencia un problema grave. La priorización de la lealtad política sobre la competencia técnica retrasa auditorías y eleva el riesgo de despilfarro, contradiciendo el discurso oficial de transparencia. Blindar estos puestos con mandatos fijos y requisitos técnicos es la única vía para proteger el dinero de todos.
Auditorías retrasadas: el coste técnico de la inestabilidad política 🔍
La rotación constante en la cúpula fiscalizadora impide mantener cronogramas de auditoría estables y aplicar sistemas de control automatizados. Sin continuidad, los procesos de revisión de gasto se alargan, los informes pierden coherencia y se acumulan expedientes pendientes. Esta falta de rumbo técnico abre grietas en la supervisión, donde partidas presupuestarias pueden desviarse sin detección temprana, afectando directamente a la eficiencia del gasto público.
Cambia el interventor, pero el despilfarro se queda 😅
Parece que en la Junta han descubierto la fórmula mágica para que las auditorías no molesten: cambiar de responsable cada pocos meses. Así, mientras los informes se acumulan en un cajón, el dinero público disfruta de unas vacaciones sin control. Si la solución es rotar al personal para que nadie sepa lo que hace el de al lado, al menos podrían venderlo como un innovador programa de teletrabajo para los fondos perdidos.