El juez Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, por el presunto amaño en la concesión de un rescate de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos. La investigación incluye a otras 24 personas, entre directivos y empresarios aragoneses. Se sospecha de un uso irregular de dinero público en ayudas empresariales, lo que apunta a posibles favores políticos en la gestión de fondos públicos.
Tecnología bajo sospecha: el software de gestión de rescates 🖥️
El caso pone el foco en los sistemas informáticos de la SEPI para evaluar y aprobar rescates. Fuentes judiciales señalan que se revisarán los algoritmos y bases de datos usados para asignar los 112,8 millones. La falta de transparencia en los procesos digitales de selección de beneficiarios es un punto crítico. Se analiza si hubo manipulación de datos o accesos no autorizados para favorecer a Tubos Reunidos. La auditoría tecnológica será clave para determinar responsabilidades.
El rescate que no salva ni a la SEPI 😅
Parece que el rescate de Tubos Reunidos no solo no salvó a la empresa, sino que ahora amenaza con hundir a sus gestores. Con 25 investigados, el juez Pedraz ha montado un equipo de fútbol judicial. Lo único que falta es que pidan un rescate para pagar las costas del juicio. Mientras tanto, la SEPI demuestra que su verdadera especialidad no es rescatar empresas, sino crear empleo... para abogados.