La propuesta de gravar a los multimillonarios para financiar la sanidad pública expone una contradicción notable. Quienes defienden el esfuerzo individual como único motor del éxito suelen ser los primeros en usar su fortuna para bloquear impuestos que beneficien a la mayoría. Detrás del discurso de la innovación y la responsabilidad social, muchos magnates tecnológicos se oponen a contribuir proporcionalmente al sistema que sostiene la infraestructura de la que dependen.
Smart money: cómo blindar el capital sin hundir la inversión 💡
Una solución técnica viable pasa por un impuesto progresivo con un umbral elevado, digamos a partir de los 50 millones de euros netos. La clave está en las exenciones: las inversiones productivas en I+D, creación de empleo o activos fijos no tributarían, mientras que los patrimonios líquidos y las plusvalías no reinvertidas sí lo harían. Esto evita la fuga de capitales, porque el dinero que trabaja y genera riqueza no se penaliza. El objetivo no es castigar el éxito, sino garantizar que la parte más alta de la pirámide contribuya a los servicios públicos que usan de forma indirecta, como carreteras, seguridad jurídica o educación.
El yate de 200 millones y su lucha por la justicia social ⛵
Ver a un multimillonario explicar que pagar impuestos mata la innovación mientras su velero de 200 millones contamina en Mónaco tiene su aquel. La meritocracia parece funcionar solo cuando toca repartir beneficios, pero cuando toca repartir costes, de repente el sistema es injusto. Quizá deberían vender un Rolex cada uno y financiar un hospital público de barrio. Así, todos contentos: ellos siguen siendo innovadores, y el resto, al menos, tiene donde atenderse la gripe sin vender el riñón.