La Eurofirms Foundation ha lanzado un programa para formar a mujeres con discapacidad en tecnología. La iniciativa es loable, pero revela una hipocresía de fondo: la responsabilidad de esta formación recae en fundaciones privadas, no en el sistema público. Depender de la caridad empresarial perpetúa la desigualdad y convierte un derecho en un favor.
La tecnología inclusiva como servicio público obligatorio 🏛️
La solución real no es aplaudir donaciones, sino exigir que el Estado integre programas de formación tecnológica inclusiva dentro de los servicios públicos de empleo. Esto garantizaría financiación estable y acceso universal, sin depender de la voluntad de una empresa. Mientras no se legisle así, la inclusión digital de este colectivo seguirá siendo un parche gestionado por la buena voluntad de unos pocos.
La caridad como sustituto de la justicia social ⚖️
Claro, mientras las fundaciones pagan la factura, el Estado puede felicitarse por su labor social sin mover un dedo. Es como si para construir un hospital hubiera que esperar a que el vecino rico organice una tómbola. Al final, las mujeres con discapacidad reciben formación, pero la lección más clara es que los derechos se convierten en favores de empresa. Muy generoso, sí, pero también muy cómodo para quien debería pagar.