El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Aragón contra el Gobierno central por la reforma de la Ley de Extranjería. Esta sentencia, la quinta derrota judicial para la región, obliga a la comunidad a participar en el reparto de menores migrantes no acompañados. Para los aragoneses, esto se traduce en asumir nuevos costes y servicios sociales, confirmando que la solidaridad territorial no es opcional.
El coste técnico de la acogida: datos y servidores ⚙️
La gestión de estos menores requiere infraestructuras digitales robustas. Las comunidades deben integrar sus sistemas de registro con la base de datos estatal para coordinar plazas, recursos y seguimiento médico. Aragón necesitará actualizar sus plataformas de servicios sociales para manejar el incremento de expedientes, garantizando la interoperabilidad y la protección de datos. Sin estas herramientas, el reparto se convertiría en un caos administrativo de difícil gestión.
Menos calles y más camas: la nueva realidad 🛏️
Mientras el Gobierno de Aragón soñaba con calles despejadas de menores, el Supremo le recuerda que lo suyo es abrir centros de acogida. La ironía es que los mismos que pedían más soberanía ahora tienen que aplicar una ley que no controlan. Eso sí, al menos el papeleo informático les dará algo entretenido que hacer a los funcionarios, que ya se frotan las manos pensando en las nuevas bases de datos.