La nueva Ley del Cine se ha redactado sin una conversación previa con los productores, una práctica que evidencia una desconexión habitual en la política cultural. Legislar sobre un sector sin consultar a quienes lo sostienen no solo amenaza el empleo y la diversidad de películas, sino que también derrocha recursos públicos en normas ajenas a la realidad del sector en 2026.
Mesas técnicas obligatorias: el parche que exige la industria 🎬
La solución técnica pasa por incluir en la propia ley una cláusula que obligue a crear mesas de trabajo vinculantes con los profesionales antes de redactar cualquier borrador. Esto implica un cambio en el flujo de desarrollo normativo: de un modelo top-down a uno colaborativo, donde productores, distribuidores y técnicos validen datos de empleo, costes de producción y ventanas de explotación. Sin ese filtro, cualquier reforma es un tiro al aire.
La ley del mínimo esfuerzo (y del máximo despiste) 🎥
Parece que en el ministerio creen que hacer una ley del cine es como pedir una pizza: eliges los ingredientes de la carta, marcas las casillas y esperas que llegue caliente. Pero luego resulta que nadie pidió pepperoni, que el horno no funciona y que los repartidores están en huelga. Obligar a sentarse con los productores antes de escribir no es un capricho: es evitar que la próxima película de la política cultural sea de terror burocrático.