El gobierno ha anunciado un aumento del gasto militar de 7.240 millones, presentado como un motor de empleo y desarrollo industrial. Sin embargo, este movimiento estratégico oculta una prioridad cuestionable: mientras se firman contratos de artillería, miles de familias sufren recortes en vivienda, sanidad y educación. Se vende como progreso lo que es un desequilibrio peligroso.
El blindaje tecnológico de los contratos de defensa 🛡️
Los acuerdos militares se centran en sistemas de misiles, radares y vehículos blindados de última generación, con ciclos de desarrollo largos y costes elevados. La tecnología dual, que podría aplicarse a infraestructuras civiles, queda secuestrada por la lógica del conflicto. Mientras los ingenieros diseñan drones de combate, los proyectos de energías renovables o redes de transporte público languidecen por falta de inversión. El empleo generado es real, pero no justifica una economía de guerra en tiempos de paz social.
Misiles para todos, casas para nadie 💣
La lógica es impecable: si no tienes casa, al menos vivirás en un país muy bien defendido. Olvídate de pedir un piso de protección oficial; lo que toca es un búnker con vistas al campo de tiro. Los contratos generan puestos de trabajo, sí, pero sobre todo generan la duda de si el próximo proyectil llevará incorporado un kit de supervivencia para familias desahuciadas. Menos mal que la artillería no paga hipotecas.