El Gobierno ha aprobado un real decreto que obliga a las petroleras a comprar e-credits para financiar la red de recarga de vehículos eléctricos. Aunque no se utiliza dinero público directamente, las compañías pueden trasladar este coste al precio de los combustibles. El resultado es que los conductores de coches diésel y gasolina podrían acabar pagando por la infraestructura del coche eléctrico sin haberlo pedido.
Cómo funciona el sistema de e-credits en la práctica ⛽
El mecanismo es similar a otros mercados de certificados: las petroleras deben adquirir e-credits emitidos por operadores de puntos de recarga. Cada certificado representa una cantidad de energía suministrada a vehículos eléctricos. Si una petrolera no cumple con su cuota obligatoria, se enfrenta a sanciones. Para evitar pérdidas, las compañías integran ese gasto en sus márgenes de venta de carburantes. El sistema busca acelerar la instalación de cargadores sin que el Estado desembolse fondos, pero la carga económica recae indirectamente sobre el consumidor final.
El truco del almendruco: pagas sin enterarte 😅
O sea, que ahora cada vez que llenes el depósito estarás donando un euro simbólico para que un Tesla pueda cargar en la autopista. Es como si te obligaran a pagar la suscripción del gimnasio de tu vecino mientras tú te quedas en el sofá. El Gobierno lo vende como un sistema sin impuestos, pero el bolsillo nota lo mismo. Al final, la movilidad sostenible la pagamos todos, aunque algunos sigan oliendo a gasóil.