El traspaso de Rodalies genera dudas sobre quién responde ante incidencias
El traspaso de Rodalies genera dudas sobre quién responde ante incidencias
El proceso para que la Generalitat de Cataluña gestione Rodalies sigue su curso, pero un problema crucial permanece sin resolver: determinar con claridad quién debe responder cuando un tren se retrasa o se cancela. La ley actual no define bien las competencias de cada administración en el día a día, lo que puede desorientar a los pasajeros y hacer que solucionar problemas sea más complicado 🚆.
Un modelo de gestión con dos cabezas y un solo cuerpo
La futura operadora pública catalana se hará cargo de dirigir el servicio, pero la infraestructura, las vías, seguirán bajo el control de Adif, una empresa estatal. Este escenario fuerza a que dos entidades de distinto ámbito, una autonómica y otra estatal, cooperen de forma constante. Si esta coordinación falla, es probable que surjan retrasos, y en ese momento no existe un criterio transparente sobre qué administración asume la responsabilidad ante el usuario. La carencia de un protocolo unificado para informar y manejar los problemas preocupa mucho a los colectivos de viajeros.
Puntos clave del conflicto de competencias:- La operadora (Generalitat) gestiona trenes y tripulaciones, pero no es dueña de las vías.
- El gestor de infraestructuras (Adif, estatal) es responsable del mantenimiento de la vía y las señales.
- Cualquier incidencia técnica requiere una investigación previa para atribuir la culpa, ralentizando todo el proceso.
La ambigüedad perjudica al usuario final, que solo busca un servicio ferroviario fiable y saber a quién dirigirse cuando falle.
Los derechos del viajero en un limbo administrativo
La normativa europea obliga a compensar a los pasajeros en casos de retrasos importantes, pero aplicar esta regla se puede volver una tarea ardua. Si la causa del problema es un fallo en la vía propiedad de Adif, ¿debe pagar la Generalitat?. Los trámites para reclamar y recibir una compensación pueden volverse lentos y engorrosos si primero hay que establecer de quién es la responsabilidad técnica. Esta falta de claridad deja en una posición vulnerable al viajero.
Consecuencias prácticas para el usuario:- Posible lentitud extrema en las reclamaciones al tener que dirimir responsabilidades.
- Confusión sobre el organismo al que dirigir la queja inicial (operadora catalana vs. Adif).
- Riesgo de que las administraciones se atribuyan mutuamente la culpa, dejando al usuario en medio.
Un futuro incierto para la puntualidad
En la práctica, los viajeros se enfrentan a una situación absurda: podrían verse en la necesidad de adivinar si su retraso es culpa de Madrid o de Barcelona antes incluso de saber si su tren llegará finalmente. Esta incertidumbre socava la confianza en el servicio y evidencia que, más allá del traspaso de competencias, es urgente definir un marco de responsabilidades claro y ágil que ponga al pasajero en el centro. El éxito de la transferencia no se medirá solo por quién gestiona, sino por cómo se responde cuando las cosas salen mal 🤔.